El juez Pablo Llarena presentó este cargo pasible con hasta 30 años de prisión contra 13 destacados independentistas, entre ellos Puigdemont y Forcadell.
por Alvaro Villalobos
MADRID, España.- El juez español que instruye el intento de secesión unilateral de Cataluña confirmó este viernes la inculpación del núcleo duro separatista por “rebelión”, en una investigación que tiene en jaque al independentismo.
En un auto recibido por AFP, el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, presentó este cargo pasible con hasta 30 años de prisión contra 13 destacados independentistas.
Entre ellos está el ex presidente Carles Puigdemont -instalado en Bruselas-, el actual candidato a liderar la región, Jordi Turull, la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, sendos líderes de asociaciones independentistas (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión preventiva) y la política Marta Rovira.
Seis de los encausados fueron convocados este viernes en Madrid por el juez Llarena, que dictaminará en breve si toma medidas cautelares a la espera de su juicio, como por ejemplo su ingreso en prisión preventiva.
Uno de ellos era Turull, que fue visto entrando en el Supremo al día siguiente de su investidura fallida como presidente en el Parlamento catalán, y que si no ingresa en la cárcel se someterá el sábado a una segunda votación.
Rovira estaba también convocada, pero ignoró la citación y anunció por carta que se marcha al “exilio”, sin precisar adónde.
Es la séptima independentista que se va al extranjero para evitar a la justicia española, mientras que otros cuatro -entre ellos el líder de su partido ERC, Oriol Junqueras- continúan en prisión preventiva.
En el auto de este viernes, Llarena precisó los cargos que pesan sobre un total de 25 independentistas catalanes, en una macrocausa por rebelión y malversación, que gira en torno a los preparativos del referendo unilateral de independencia del 1 de octubre, prohibido por la justicia española.
Su costo fue cifrado por el magistrado en 1,6 millones de euros, una cantidad que el juez exige a los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, cesado por Madrid horas después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
El juez glosa las etapas del auge independentista en Cataluña desde 2012, y dedica un espacio considerable a justificar el cargo de rebelión. Es el más controvertido, ya que contiene la noción de alzamiento violento, un factor que según algunos juristas no se produjo.
“Basta de decir que hubo violencia en un referéndum que si por algo se caracterizó es por la actitud pacífica del pueblo de Cataluña frente a la provocación de la violencia policial”, dijo desde Finlandia Puigdemont, refiriéndose a las cargas policiales del 1 de octubre destinadas a impedir la consulta ilegal.
Llarena indicó en su auto que el proceso que instruye “hace frente a un ataque al Estado Constitucional”, por parte de una campaña, la independentista, que “integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”.
Igualmente justifica su actuación diciendo que las “funciones” atribuidas a cada cual en el proceso separatista “parecen estar latentes y pendientes de reanudación”, una vez que se levante la intervención de la autonomía catalana aplicada por Madrid desde el 27 de octubre.
La investidura de Turull, en el aire
Los cargos presentados este viernes suponen un nuevo varapalo para el independentismo catalán, que sigue sin sacar adelante un presidente regional, pese a haber renovado su mayoría de escaños en el Parlamento en las elecciones del 21 de diciembre.
El jueves, la investidura de Turull se frustró por la falta de apoyo de la CUP, un pequeño partido secesionista de extrema izquierda, cuyos votos eran fundamentales.
Turull, que ya estuvo en prisión preventiva durante un mes a fines de 2017, espera someterse a una segunda votación este sábado. Pero su comparecencia podría frustrarse si el juez Llarena ordena de nuevo su ingreso en la cárcel.
Contra el ex portavoz del gobierno de Puigdemont pesa, además del cargo de rebelión, el de malversación de fondos públicos. Y es que según destaca el texto, Turull “gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas puestas al servicio de la celebración del referéndum”.
AFP-NA.